Qué es FGV

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  • La incidencia de los ataques ha aumentado un 50% en España con respecto a 2016, consolidándose la tendencia al alza de los últimos años
  • El Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario reclama que estos ataques se consideren delito y no falta de daños

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha sumado a la propuesta que ha presentado el Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario, para reclamar una actuación firme contra las acciones de grupos organizados de grafiteros.

Los operadores ferroviarios, que hoy han presentado el informe 2017 correspondientes a los datos de incivismo con casi 27.000 casos documentados, consideran necesario aplicar medidas en diferentes ámbitos y de manera coordinada con los responsables de la seguridad pública, ya que la envergadura de estas acciones desborda las competencias y los medios de los operadores.

Las empresas integradas en el Observatorio han mostrado su preocupación ante la imposibilidad de implantar acciones de suficiente contundencia, que pongan freno a esta grave evolución. Estas acciones vandálicas perjudican seriamente la seguridad de los usuarios, la regularidad del servicio y la integridad del personal, instalaciones y trenes.

Desde esta plataforma se considera contradictoria la progresiva despenalización de este fenómeno delictivo, degradado primero de daños a deslucimiento de bienes, para finalmente desaparecer del Código Penal en su última reforma.

La reunión y presentación de conclusiones de este informe ha tenido lugar en la sede la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Bandas de grafiteros

Los ataques vandálicos de grafiteros organizados suponen el mayor problema en el ámbito de la seguridad para los operadores ferroviarios. Se trata de grupos coordinados, que actúan, cuando no agreden, indistintamente sobre instalaciones, trenes, material móvil, viajeros, empleados y vigilantes de seguridad.

A diferencia de los murales realizados en la vía pública, a veces tratados como una variante de arte urbano, el grafiti ferroviario es siempre ilegal. Para realizarlo se debe cometer previamente una intrusión en zonas sensibles de la operación, acción que viola las leyes de seguridad ferroviaria y los reglamentos de viajeros.

Además, de un tiempo a esta parte suele ir asociado a comportamientos violentos y a diversos delitos como daños, robos, coacciones, amenazas y agresiones.

Según la información recabada, también ha aumentado el número de integrantes de los grupos y destaca su elevado grado de planificación y organización; suelen realizar acciones preparatorias en las que roban planos, emisoras, uniformes o llaves, inutilizan sistemas de seguridad y destrozan puertas y rejas para tener más fácil la entrada, cometer el ataque y facilitar la salida.

La violencia utilizada es otra característica de las intrusiones vandálicas que realizan individuos encapuchados, a menudo equipados con barras y espráis irritantes con los que cometen agresiones, coacciones y destrozos en vehículos e instalaciones.

A todo ello hay que añadir que las entradas clandestinas en instalaciones ferroviarias comportan riesgos para los propios grafiteros, para los empleados y para los usuarios. Los más evidentes son los de atropello, electrocución y caída.

Propuestas

Para atajar el problema, el Observatorio plantea homogeneizar el criterio de protección de los medios de transporte ferroviario por parte de los diferentes poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), administraciones y actores.

A su vez, propone tipificar un nuevo ilícito penal específico para los daños ocasionados en los medios de transporte público, atendiendo a su impacto social, ambiental y económico. Un grafiti realizado en un tren no es un deslucimiento, sino un daño cuyos efectos requieren de mucho más que su mera limpieza.

También se considera fundamental estrechar la colaboración en la investigación policial, con el máximo apoyo de la Fiscalía, así como la eficacia de las denuncias penales y administrativas, para que los infractores sean condenados y sancionados de acuerdo con la gravedad de los hechos cometidos.

Los operadores ferroviarios han coincidido en que es necesario dar a conocer la realidad del fenómeno del vandalismo ferroviario a la opinión pública y a las instancias competentes, ya que se trata de un problema de interés general que no es una expresión artística sino una actividad delictiva organizada, vandálica, agresiva y reincidente.

Por último, se ha propuesto concienciar sobre la gravedad de este tipo de conductas ante la opinión pública por medio de acciones de formación y sensibilización que busquen la buena convivencia y el respeto por el bien y el servicio públicos, y especialmente entre el segmento de población más joven.

Otros indicadores

El Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario también ha analizado otros indicadores, que han sufrido un crecimiento, como los insultos y amenazas a agentes ferroviarios, los hurtos objetivados, las acciones de cruzar las vías, el uso indebido de alarmas y desbloqueo de puertas, las roturas de barreras de peaje y pasos para personas de movilidad reducida, etc.

Cabe destacar la evolución del número de casos de acoso sexual que, aunque con una baja frecuencia, han visto este último año un incremento. Los resultados se pueden consultar en: : www.fundacionferrocarriles.es/noticias/ObservatorioCivismoFerrocarril-2017.pdf

Observatorio del Civismo

El Observatorio de Civismo en el Transporte Ferroviario fue constituido en 2012, a raíz de una Jornada sobre Conductas Incívicas en el Transporte Ferroviario organizada por FGC, y agrupa a los principales operadores del transporte ferroviario: Renfe Operadora, Metro de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, TRAM de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro Bilbao, Metro de Sevilla, Metro de Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotren, Metropolitano de Tenerife, y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ostenta la Secretaría Permanente.

La misión del Observatorio es analizar, evaluar y proponer medidas dirigidas a disminuir o erradicar los comportamientos incívicos o delictivos en las instalaciones ferroviarias, y tiene la vocación de contribuir a las políticas públicas de reducción de las conductas incívicas o delictivas que se producen en el ámbito de la prestación de servicios públicos esenciales, como es el transporte por ferrocarril y tranviario, de especial sensibilidad para la colectividad.